Manuel Pérezcarro, secretario general de Froet, ha vuelto, fiel a su estilo, a evitar morderse la lengua. Y lo ha hecho a través de un artículo publicado en la web de esta organización murciana de transportistas, en el que llega a afirmar veladamente que “hay directivos de organizaciones empresariales de transporte que utilizan falsas cooperativas o constituyen empresas buzón y aquí no pasa nada”.
En su reflexión, Pérezcarro se pregunta sin medias tintas si “¿Podría considerarse inmoral o falto de ética que un alto representante de una organización empresarial estuviese cometiendo con su empresa una ilegalidad que afecta a los intereses del sector que representa y que siguiese en su cargo?”, para cuestionarse a continuación si “¿Debería consentirse por una organización, que denuncia públicamente este tipo de ilegalidad y que exige la erradicación de estas conductas a la Administración responsable, que ese alto representante siguiese formando parte de sus órganos de gobierno? ¿Qué credibilidad tendría esta organización en primer lugar ante sus propios asociados, luego entre el resto del sector y, finalmente ante la Administración tutelante?”.
En el artículo firmado por el secretario general de Froet se recuerda que “un empresario tiene obligación de defender los intereses de su empresa, pero esto tiene el límite que impone el marco de la legalidad que nunca debe rebasarse, siendo consciente el empresario que así lo hiciera de que deberá asumir la responsabilidad de sus acciones”.
Códigos de cónducta: “Pura propaganda”
Sin abandonar esta línea argumental, Manuel Pérezcarro critica el hecho de que “algunas de estas empresas de transporte que incumplen la legalidad no tienen remilgos en saltarse el código de conducta que dice regir su compañía, difundido a través de su web corporativa y que tiene por objeto establecer las pautas que han de presidir el comportamiento ético de todos sus administradores y directivos de la misma, estableciendo dicho código, entre otras muchas cosas, que el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables nunca debe comprometerse”.
Concluye su artículo el autor con una dosis muy reducida de optimismo cuando asegura que “por lo que se ve esto de los códigos éticos y de conducta para algunos son pura propaganda. Nada que se tome en serio, pero que queda bien para clientes y proveedores”.
“Pero, yo sigo con lo mío”, apunta el directivo de la patronal murciana de transporte de mercancías por carretera: “¿Qué hacen estos directivos en los órganos de gobierno de una organización de transportistas que defiende a ultranza el cumplimiento de la legalidad? Dónde están los principios éticos exigibles a los administradores de una compañía que propugna el cumplimiento de las leyes?”
Tras la andanada, Pérezcarro advierte de que “o se pone fin a estas incongruencias o nos estaremos cargando la credibilidad y seriedad de nuestras organizaciones, de nuestras empresas y los valores que decimos defender”.