La prohibición en 2025 de acceder al municipio de Madrida todos los vehículos que no tengan etiquetado ambientalsupondrá un coste para los transportistas de alrededor de 20 millones de euros. Ésta es una de las principales conclusiones del estudio “Impacto en el transporte de las medidas para mejorar la calidad del aire en las ciudades. Aplicación a las restricciones por categoría de motor”, elaborado por la Cátedra Amelio Ochoa y presentado recientemente por la Fundación Corell.
Según el mencionado estudio, esas restricciones a la circulación para los vehículos sin etiqueta ambiental generarán un ahorro de 61,8 millones de euros, mientras que la implementación de esta medida tendrá un coste de 81,6 millones de euros, lo que dará lugar a “un desequilibrio de casi 20 millones de euros”.
Estas cuentas están basadas en una proyección sobre la evolución del etiquetado de los vehículos en los próximos años, así como una estimación de crecimiento del tráfico, asumiendo que dicho crecimiento sería similar a las previsiones económicas. “Según esta estimación, en 2025 habría un 7% de turismos, un 14% de vehículos profesionales ligeros y un 39% de vehículos pesados que no podrían circular”, explican desde la Fundación Corell. Para calcular los costes se han tenido en cuenta “la amortización de los vehículos, ahorros en combustible, costes variables, valor del tiempo y beneficios ambientales por el ahorro de emisiones”.
Sostenibilidad ambiental y económica
El director del estudio es José Manuel Vassallo, catedrático de Transportes y Profesor de Economía y Planificación del Transporte de la UPM. En su opinión, “se habla de la importancia del desarrollo sostenible, pero hay que conseguir un difícil equilibrio entre los aspectos económicos, sociales y medioambientales. La preocupación por la mejora medioambiental es comprensible, pero no puede producirse a costa del crecimiento económico y el desarrollo social”, ha asegurado durante una jornada celebrada por la Fundación Corell para presentar el trabajo.
A juicio de Vassallo, “no se pueden aislar las políticas medioambientales de otros impactos económicos y sociales. Hay una voluntad general favorable de todos los agentes para mejorar el medio ambiente en las ciudades, pero es necesario el diálogo entre instituciones para llegar a soluciones beneficiosas. Las medidas incentivadoras tienen mejor aceptabilidad y cualquier acción debe ser estudiada a fin de garantizar que los beneficios sean mayores que los costes”, ha asegurado el catedrático.
Medir la contaminación
Otro de los participantes de la jornada ha sido Javier Buhigas, responsable de Operaciones en Europa de OPUS RSE, quien ha explicado a los asistentes las posibilidades de realizar mediciones a distancia de las emisiones de los vehículos. En su opinión, “estamos en una revolución de la movilidad debido a la concienciación sobre el medio ambiente, pero no se está midiendo de forma real cuánto contaminan los coches”.
Buhigas ha hecho hincapié en el hecho de que en la actualidad “se pueden detectar cuáles son los vehículos más contaminantes y actuar directamente sobre ellos”. Y es que, según los datos que maneja OPUS RSE, “el 10% de los vehículos más contaminantes emiten entre el 40% y el 80% del total de emisiones”. Por eso, su responsable en Europa ha asegurado que “en lugar de ir en contra del 70% de la gente, habría que actuar sobre ese 10%. Muy pocos vehículos contaminan mucho y podrían detectarse y repararse”.