El Ministerio de Fomento se ha propuesto combatir el creciente fraude que se viene produciendo entre algunosconductores profesionales que utilizan tarjetas de conductor del tacógrafo que han sido dadas de baja por extravío, para poder duplicar sus tiempos máximos de conducción diario, al utilizar simultáneamente la tarjeta “extraviada” y la duplicada que le ha otorgado la Administración. En la actualidad, según datos del propio ministerio, existen en torno a 9.000 duplicados de tarjetas de conductor otorgadas en sustitución de las originales extraviadas.
Este es uno de los aspectos en los que desde la Administración se va a poner el foco dentro del Plan de Inspección del Transporte por carretera previsto para el próximo año. Pero, además, se anuncia acciones específicas por parte de los inspectores en relación con el control sobre la realización de servicios de transporte público, así como el ofertar como intermediarios servicios de transporte en diferentes medios, en ambos casos sin estar amparados en la correspondiente autorización.
Al mismo tiempo, se pretende intensificar el control por la utilización inadecuada de los tractores agrícolas para la realización de transporte público de forma irregular y se seguirá controlando la realización de transporte público al amparo de autorizaciones de transporte privado, especialmente en los tráficos de corto recorrido, en los subsectores de transporte de obras y transporte en furgonetas de hasta 3’5 toneladas.
Pero el Plan de Inspección no terminará aquí, ya que está previsto revisar al menos 2.726.710 jornadas de trabajo de los conductores profesionales, de las que la mitad se deberán controlar en la sede de las empresas y la otra mitad en carretera, para cumplir así con la normativa europea, que establece la obligación de controlar al menos el 3% de las jornadas anuales realizadas a bordo de los 403.957 vehículos de transporte que en la actualidad están obligados a llevar tacógrafo en España.
Por otro lado, también se hará un especial control sobre el posible uso fraudulento que se está llevando a cabo en la utilización del certificado de actividades por parte de algunas empresas transportistas. En este sentido, el Ministerio de Fomento aclara que la utilización del certificado de actividades no es obligatoria, por lo que no puede dar lugar a sanción alguna. También se comprobará que los conductores se encuentran correctamente dados de alta en la Seguridad Social en el epígrafe correspondiente, dando traslado en caso de que se detecten situaciones irregulares a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La labor inspectora de la Administración en relación con el transporte no acaba aquí, puesto que se van a intensificar los controles de las posibles manipulaciones en el tacógrafo o del limitador de velocidad en carretera. En el caso del tacógrafo, las principales manipulaciones que son detectadas corresponden a pequeños recorridos con velocidades muy cortas, por lo que se hará un mayor control en zonas como polígonos industriales y áreas metropolitanas de alto desarrollo industrial, entre otros. Conforme a la última reforma de la Ley de Seguridad Vial, dichas conductas infractoras no sólo son imputadas a la empresa transportistas sino también al conductor que va a bordo del vehículo, sancionándose con multa de hasta 500 euros.
En relación con los posibles excesos de peso, se llevarán a cabo dos controles de larga duración con la participación de la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas. Se va a reforzar el control sobre el exceso de peso en dos ámbitos donde se ha detectado un mayor nivel infractor, en concreto, en el caso de los transportes en las zonas portuarias así como el transporte ligero realizado en furgonetas.
Otro aspecto que está provocando la indignación de miles de transportistas en nuestro país, y que no es otro que el “dumping” social ejercido por compañías o bien extranjeras o bien españolas deslocalizadas, será objeto de especial atención o al menos así se asegura desde el ministerio. En esta línea se incrementará el control del transporte realizado por empresas transportistas residentes en otros países, ya sea de carácter internacional o interior (cabotaje).
“El objetivo es evitar que las empresas extranjeras hagan competencia desleal a las españolas, así como el dumping social”, concretan desde Fenadismer, desde donde añaden que se controlará de forma especial “el cumplimiento del control de los tiempos de conducción y descanso, la correcta aplicación de la regulación del cabotaje así como en la colaboración con la Inspección de Trabajo del control del cumplimiento de las obligaciones laborales de los conductores de dichas empresas extranjeras”.