Euroviñeta
El Ministerio de Fomento maneja informes que dicen que el 80% del tráfico de mercancías por carretera en este país está en manos de transportistas españoles, por un 20% operado por empresas extranjeras.
El alto componente local del negocio hace que el Gobierno descarte por el momento la aplicación de la Euroviñeta, directiva por la que se impondría peaje en las autovías a los vehículos pesados.
La cúpula de Fomento ha querido tener datos en la mano antes de decidir sobre un tema tan polémico como es el de la aplicación de la Euroviñeta en las carreteras españolas de alta capacidad. La implantación de este canon, que grava ya en otros países el tráfico pesado en función del grado de contaminación y del desgaste de la infraestructura, choca con una cifra relevante: ocho de cada diez camiones que circulan por el país son nacionales.
Con el sector del transporte en horas bajas debido a la actual crisis, en el Gobierno se descarta por el momento la adopción del citado peaje, que afectaría a unos 360.000 camiones españoles y a algo más de 80.000 foráneos con operaciones habituales en España.
"No hemos mantenido reuniones recientes con miembros del Gobierno, pero damos por suficientes las declaraciones que están realizando en torno a la negativa a la implantación de la Euroviñeta. Nuestra postura en el debate sobre el pago por uso en la carretera es que se exima al transporte profesional, ya sea en vehículo pesado o ligero", comentan fuentes de la patronal del transporte CETM.
En el sector de las infraestructuras se ha defendido durante años la necesidad de instaurar la Euroviñeta. Uno de los argumentos principales es que el camionero español paga por circular cuando trabaja en el resto de Europa, mientras los extranjeros dejan de hacerlo cuando cruzan los Pirineos hacia el sur.
En el caso de España, el desgaste de las carreteras va contra los presupuestos públicos, donde se reservan cada año más de 1.000 millones de euros a conservación.
Los cálculos que realiza el sector concesional, a través de la patronal Aseta, supone toda una tentación para cualquier Gobierno que trata de manejar una crisis como esta: el cobro de la Euroviñeta supondría el ingreso de 3.000 millones de euros el primer año y de hasta 62.000 millones en 15 años. Sin embargo, el anterior Ejecutivo socialista se cerró en banda a la adopción de la tasa y el nuevo Gobierno popular dice no tenerlo entre sus planes mientras continúen las dificultades económicas.
La transposición de la Euroviñeta es obligatoria en el seno de la UE y tiene como fecha límite el mes de octubre de 2013, pero Bruselas permite que la aplicación sea a voluntad de cada Gobierno. Países como Francia, Alemania, Austria, República Checa o Hungría ya hacen caja con la Euroviñeta en sus carreteras de alta capacidad.