Las principales organizaciones empresariales que representan los intereses de los transportistas han expresado públicamente su rechazo al desvío obligatorio de camiones de cuatro o más ejes desde la N-240 y la N-340 a la AP-2 y la AP-7. De hecho, algunas asociaciones, como CETM, no han dudado en amenazar con paros en el transporte si el Gobierno continúa con su estrategia de implantar una “Viñeta encubierta” en las carreteras españolas.
Así, CETM ha anunciado que solicitará al Ministerio que dirige José Luis Ábalos “la suspensión inmediata de estas restricciones, que sólo aceptaremos si el desvío está bonificado y tiene carácter voluntario, pudiendo ser obligatorio sólo cuando el uso de la autopista sea gratuito”. Es más, la asociación sostiene que “no está dispuesta a aceptar este tipo de cánones, que además de ser injustos tienen un claro afán recaudatorio, por lo que su puesta en marcha generaría la adopción de medidas por nuestra parte que bien podría incluir la paralización de los servicios de transporte”.
En un comunicado, CETM ha mostrado “su más absoluta repulsa y total rechazo” a la prohibición de circulación de camiones por la N-340 y la N-240 y su trasvase obligatorio hacia las vías de peaje. En opinión de los responsables de la patronal, estas medidas “atentan contra el derecho fundamental de la libre circulación”, además de generar “graves y costosos problemas a las empresas de transporte”.
Entre ellos, CETM destaca “el aumento innecesario de los kilómetros recorridos e importantes pérdidas de tiempo, derivadas de las complicaciones que conlleva acceder o abandonar las vías de peaje”.
Por otro lado, la organización empresarial pone de relieve que la prohibición de la circulación de camiones por las mencionadas carreteras convencionales “imposibilita el acceder a las áreas de servicio situadas en la N-340 y la N-240 tanto para repostar y realizar el mantenimiento de los vehículos como para descansar, privando a nuestros conductores de servicios básicos debido al insuficiente número de áreas de descanso existentes en las autopistas AP-7 y AP-2”.
Seguridad vial
El Ministerio de Fomento justifica su decisión asegurando que experiencias similares llevadas a cabo con anterioridad han proporcionado “buenos resultados”, por lo que “maximizar la utilización de las autopistas, desplazando el tráfico de las carreteras convencionales hacia ellas”, redundará “previsiblemente” en “una mejora de la seguridad vial”.
Por el contrario, CETM recuerda que sin necesidad de esas prohibiciones a la circulación por determinadas carreteras nacionales, “el transporte de mercancías por carretera es un sector absolutamente comprometido con la seguridad”, como evidencia el hecho de que “las cifras de siniestralidad han bajado en casi un 20% en el último año, mientras que aumentaban las de prácticamente la totalidad del resto de usuarios de la vía”.
“Campaña de desprestigio y culpabilización”
En opinión de los responsables de la confederación, la objetividad de este dato “choca de pleno con la campaña de desprestigio y culpabilización que hoy sufre nuestro sectoral querer retirarle obligatoriamente de unas carreteras que utiliza con tanta seguridad como el que más”.
La organización que preside Carmelo González denuncia que a este nuevo incremento de costes al que tendrán que hacer frente los transportistas hay que sumar lo ocurrido recientemente en materia de peajes en La Rioja y Guipúzcoa. Para CETM, todas estas cuestiones son en realidad “una Viñeta encubierta, cuando existe el compromiso del Ministerio de Fomento de no implementarla en nuestro país”.
Por su parte, la aprobación definitiva de la prohibición por las mencionadas carreteras nacionales y las bonificaciones del 50% como máximo para los transportistas son contempladas por Fenadismer como una “claudicación” del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante las pretensiones del Gobierno de Cataluña.
Discriminación y medidas de protesta
Y por si eso fuera poco, la federación considera que esta iniciativa constituye “una gravísima discriminación hacia los transportistas frentes al resto de conductores de vehículos ligeros y turismos, ya que para estos se establece un plan de desvíos voluntarios con bonificaciones del 100% por utilizar la autopista, y en el caso de los transportistas el desvío será obligatorio y con bonificaciones que serán sólo entre el 42 y el 50% del importe del peaje según el tramo a recorrer”.
Por todo ello, Fenadismer ha querido expresar su “rechazo absoluto a la restricción a camiones aprobada por su carácter obligatorio” y ha anunciado que estudia “la adopción de medidas en contra de la misma, que serán consensuadas con las restantes asociaciones de transportistas en la reunión que mantendrán en el Ministerio de Fomento el próximo 12 de septiembre”.