El transporte recurre a la vía judicial para denunciar los desvíos obligatorios a camiones en la AP-7 y la AP-2

Desde el 2 de septiembre, está en vigor la restricción a la circulación de camiones de cuatro o más ejes por las provincias de Castellón, Tarragona, Lérida y Barcelona, estableciendo la prohibición de su circulación por las carreteras nacionales N-340 y N-240. Ahora, el Comité Nacional de Transporte por Carretera ha decidido recurrir judicialmente estas medidas, al considerarlas "discriminatorias".

Para el Comité Nacional de Transporte por Carretera, las medidas aplicadas por la Generalitat de Cataluña sobre la prohibición de que los camiones circulen por las carreteras nacionales N-340 y N-240, obligándoles a tomar las autopistas de peaje AP-7 y AP-2, son "discriminatorias, tanto por la obligatoriedad establecida a los desvíos de los camiones a las autopistas de peaje frente a su carácter voluntario para el resto de vehículos, como por el reducido importe de la bonificación (50%), así como por la atribución injusta y populista de siniestralidad de las carreteras al sector del transporte, ya que ello no se ajusta a la realidad, al ser, precisamente, los vehículos de transporte de mercancías las únicas categorías de vehículos que vieron reducida su siniestralidad en 2017, según los datos anuales publicados por la DGT".

El pasado 2 de septiembre entró en vigor la restricción a la circulación de camiones de cuatro o más ejes por la N-340 y la N-240 a su paso por las provincias de Castellón, Tarragona, Lérida y Barcelona, lo que afecta a más de 4.000 camiones diarios. La medida se llevó a cabo mediante la aprobación de sendas resoluciones por parte de la Dirección General de Tráfico y del Servei Catalá de Transit de Cataluña, así como por parte del Ministerio de Fomento en lo relativo al cumplimiento de determinados descuentos por el uso obligatorio de la autopista.